A principios de julio de este año, el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó los lineamientos generales de su propuesta de reforma tributaria, que cuenta con cuatro nuevos proyectos de ley.
Dentro de ellos, se encuentra el Royalty Minero, que se aplicaría a las compañías mineras cuya producción exceda las 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año. Además, este impuesto tiene dos componentes: ad valorem, en virtud del cual se aplicaría una tasa sobre las ventas, que oscilaría entre 1% y 4%, dependiendo del volumen producido y del precio del cobre; y segundo, de rentabilidad, con tasas que irían del 2% al 32% de la renta operacional de las empresas, dependiendo del precio del cobre.
A continuación, desde GEM Mining Consulting, analizaremos las implicancias de esta propuesta.
Contexto anterior
A mediados del año 2021, la Cámara de diputados presentó una nueva propuesta de Royalty, que, según Juan Ignacio Guzmán, Gerente general de GEM, “era un muy mal proyecto de ley, si el objetivo era maximizar la contribución de la minería en el país”.
Aquel proyecto pasó luego al Senado. Después de mucha discusión con varios actores, la Cámara alta elaboró una propuesta de Royalty que fue devuelta a la Cámara baja. Sobre esta última, Juan Ignacio Guzmán, asegura que “seguía siendo mala para el país, pero menos mala que la anterior”.
Pero ésta quedó stand by, pues era inconstitucional. ¿Por qué? la actual Constitución establece que solo el Presidente de la República puede proponer proyectos que involucren cambios en los tributos… Básicamente, “murió” ese proyecto.
Asume el Presidente Boric
Una de las promesas de campaña del actual Mandatario, fue la presentación de una nueva Reforma Tributaria para el país. La propuesta, recientemente entregada, se encuentra entre lo que se propuso anteriormente por los diputados, y lo que finalmente se revisó en el Senado. “Es un proyecto que fundamentalmente queda a medio camino entre los dos. Por lo tanto, sigue siendo malo para el país y es peor que lo alcanzado en el Senado”, afirma el Gerente general de GEM.
Ahora la pregunta es ¿Qué tan mala es?
Asumiremos un precio de 4 dólares la libra para las siguientes afirmaciones presentadas por GEM.
De las minas que ya están operando (producción actual):
- Involucraría una pérdida de al menos 600.000 toneladas de cobre fino al año. Producto de que las operaciones menos rentables no van a poder seguir invirtiendo para mantener la producción y tendrán que cerrar.
- Esto involucra una pérdida de 175.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Proyectos nuevos:
- Hoy, Chile tiene en carpeta un poco más de 1.000.000 de toneladas al año de cobre, en proyectos en manos de la minería privada. La nueva iniciativa implicaría que al menos el 70% de esa producción no se materialice.
Impacto a largo plazo:
- Chile hacia el 2040 y 2050, debiera reducir significativamente su capacidad de producción de cobre, a no menos de un 10% a 20% de su capacidad actual, lo que reduciría la contribución neta de la minería al país, bajando significativamente el pago de impuestos de primera categoría, y perjudicando el encadenamiento productivo, lo que afectaría a cientos de empresas proveedoras. Ese es el impacto neto.
Principales problemas de la reforma
“Es mala para el país, más allá de que a las mineras pueda no gustarles”, dice el Gerente general de GEM. “Es negativa porque a partir de la búsqueda de un mayor tributo, va a reducir la producción, desincentivar las inversiones y a mediano y largo plazo, reducir las contribuciones de la minería al país. La torta para repartir va a ser más pequeña”.
GEM identifica los siguientes puntos problemáticos:
- Discrimina por tamaño de la operación: no considera la inversión que han realizado los de mayor tamaño para producir más. Entonces, al final del día, castiga al que más produce, simplemente por el hecho de producir más. Por lo que desincentiva la inversión eficiente (para aprovechar economías de escala).
- El proyecto considera precios nominales del cobre: esto es un gran error. El precio del cobre puede ser real o nominal, siendo el real el que está ajustado a la inflación. Nominal es el “valor del diario”. Con las inflaciones que estamos teniendo hoy en día, más las que se esperan el próximo año, van a terminar todos pagando la tasa más alta en pocos años más.
- Cualquier proyecto que considere un Royalty ad valorem, es decir, un porcentaje de las ventas, es malo para el país: porque termina recaudando menos y contribuyendo menos en el mediano y largo plazo.
“Cuando fuimos a conversar con el Senado, les dijimos ‘ustedes con el Royalty van a ganar 11.500 millones, asumiendo uno de 3%, algo muy simple’. Pero el Royalty es un gasto, entonces van a dejar de recaudar como impuesto de primera categoría tanto, porque las empresas van a tener mayores costos y la producción va a caer. Va a caer el impuesto específico de la minería, se va a perder trabajo, y van a caer los impuestos laborales que las personas pagan”, indica el Gerente general de GEM.
- Todo lo que ganen con el Royalty, se va a perder por el encadenamiento productivo: si se sacan 600.000 toneladas del mercado, es el 10% de la producción. Hoy, por cada tonelada que sale al mercado, la industria minera necesita alrededor de 4.000 dólares por tonelada de gastos anuales que van a empresas proveedoras, contratistas, empleados, etc. Esos 4.000 dólares x tonelada, multiplicados por las 600.000 toneladas, son 2.400 millones de dólares que la economía no va a tener disponible.
- Muchas minas van a terminar cerrando: Al final del día, el impacto neto es negativo. El VAN Social con este proyecto es menor que el VAN social sin este proyecto.
