Juan Ignacio Guzmán: Royalty en Chile y producción de cobre de largo plazo 

Entre el 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo el Congreso “Desafíos de una Minería Sustentable” organizado por el Grupo de Investigación de Economía Minera de la Universidad de Antofagasta. En el que participaron destacados expertos y académicos del área. Entre ellos Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting, quien participó con la ponencia “Royalty en Chile y producción de cobre de largo plazo”.  

Guzmán inició su exposición mostrando parte del escenario actual de la industria y cómo en el contexto de la gran minería privada se presenta la discusión de un nuevo Royalty, al que se refirió como Royalty III (por las nuevas indicaciones presentadas). El experto hizo un repaso desde el punto de vista de la contribución de la industria al país en los últimos 31 años, destacando que gran parte de la riqueza que la industria ha logrado generar en el país se refiere al encadenamiento productivo.  

“La minería ha creado y ha movido un mercado de proveedores de la minería (empresas contratistas, constructoras de equipos) que han logrado dinamizar la economía chilena, al punto, en que se ha convertido en la principal industria del país. La mitad del beneficio que ha producido la industria minera no proviene ni de la riqueza que ha entregado al fisco ni de la riqueza que la industria se ha quedado para sí misma, más bien proviene del impacto que ha tenido el encadenamiento productivo como multiplicador de empleo.” destacó. Explicando además, que por cada dólar que los privados de la industria del cobre han ganado, el país ha recibido 4.5 dólares adicionales, entre lo que es aporte directo al fisco, encadenamiento productivo, así como el multiplicador del empleo. 

“Lo ideal es que la industria aporte lo máximo posible hoy, pero que también aporte lo máximo posible en el futuro (ese es el desafío). Eso sería sustentable. Lo que no sería sustentable, es que hoy extraigamos toda la renta a costa de que la generación futura no obtenga nada de la minería. Y esta es una discusión que no está tan arraigada ni en el congreso ni en la clase política. Al contrario, por querer obtener una renta más alta hoy, estamos comprometiendo el futuro de las próximas generaciones”.  

Tratándose de un Congreso donde se discutía sobre la sustentabilidad de la producción minera en el país, el experto recordó que el Royalty solamente genera sustentabilidad cuando es reinvertido de forma íntegra en capitales, innovación y desarrollo que mantenga el nivel de riqueza para las generaciones futuras. Y no es otra cosa que la regla de Hartwick, que establece que para que toda explotación de recursos naturales no renovables conlleve a mantener una riqueza sustentable en el tiempo, los países deben reinvertir todas las rentas derivadas de dicha explotación en activos que sean de naturaleza renovable. De esta forma, se garantiza la equidad intergeneracional que está detrás de la idea de sustentabilidad. Todo Royalty por tanto debiera no ser utilizado en gasto corriente. 

Con el sistema tributario actual en Chile, la contribución de la Gran Minería Privada al fisco estaría cerca de los 150.000 (MUS$) en el periodo 2023- 2050. Lo que implica que la contribución directa promedio anual estaría en torno a un 2% del PIB (considerando el valor PIB del 2021). Los resultados indican que el sistema actual es además progresivo en precios, es decir, recauda más ante un alza de precios del cobre en relación a una proporción equivalente de baja de precios.  

En este sentido, el gerente general de GEM fue enfático en destacar que cualquier proyecto que se proponga en este contexto, debe discutirse en la lógica de la economía de minerales, que es la ciencia sobre la cual se debe construir cualquier discusión técnica de un Royalty. Sin embargo, lamentó que esta no sea la lógica con la cual se le ha presentado al país el Royalty III, que tiene más una lógica de gasto corriente que no lo hace sustentable.

“El Royalty III no tiene esa lógica de reinvertir (regla de Hartwick). Hay una fracción que iría a la innovación y desarrollo, pero no se dice cómo se va a gastar. Tampoco nos asegura que esa inversión generará riqueza a largo plazo” afirmó.  

Para el académico es de gran importancia que el Estado asegure que la riqueza que produce hoy la industria minera se reinvierta en capital, innovación y desarrollo que también genere riqueza a las futuras generaciones cuando la minería no esté, y por ello la sociedad debe exigir que la contribución de la minería -que el Estado busca maximizar- no afecte la riqueza natural del país en un largo plazo y eso solamente se logra si se logra reinvertir lo ganado por la minería y no solo destinarlo a gasto corriente.  

Lo que sucede con el Royalty que está hoy día tramitándose en el Congreso, es su impacto en la contribución socioeconómica en los próximos años, destacando:  

—La caída de casi 12% en la producción, la inversión privada se vería reducida en 18 mil millones menos.  

— Llevaría al país a disminuir el PIB al año 2035 en adelante cercano a los 6 mil millones de dólares por año. Es decir 2% del PIB que se espera producir. 

—Mayor recaudación fiscal en aproximadamente 10% respecto a lo que la industria va a pagar con el actual sistema. Pero con la caída del PIB el empleo se verá fuertemente afectado. De acuerdo a las estimaciones, en vez de necesitar 400 mil personas (entre empleos directos, indirectos e inducidos) solamente se requerirán 300 mil. Entonces el beneficio socioeconómico neto caería entre 5% respecto a lo que sería mantener el sistema actual. 

Aunque conocer el impacto ex-ante puede ser extremadamente complejo, y por tanto derivar la tasa de impuesto efectiva óptima, puede ser solo razonable de alcanzar dentro de un rango amplio. Debido al riesgo de caer en el “abismo de la codicia” y pensando exclusivamente en el beneficio socioeconómico del país el largo plazo, es preferible cobrar una tasa de impuesto efectiva menor a la óptima (si no se está seguro cuál es la tasa óptima) que superior a la misma. Ésta debería ser una directriz de cualquier política pública que busque maximizar la contribución de la industria minera al beneficio socioeconómico de un país.  

Desde el punto de vista de la sociedad, si contamos todo el valor con el que la minería contribuye, este proyecto (Royalty III) es un mal proyecto, porque nos hace más pobres. El estado se queda con una recaudación fiscal mayor, pero la sociedad se vuelve más pobre, concluyó Juan Ignacio Guzmán.  

 

 

 

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